Juan Carlos Amaya Castrillón
Docente, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Principal
Jorge Antonio Mejía Escobar
Docente, Instituto de Filosofía
Suplente
Docente, Instituto de Filosofía
Suplente
Programa del Representante profesoral ante el C.S.U de la UdeA Periodo 2011-2013
Juan Carlos Amaya Castrillón, principal
Abogado de la Universidad de Antioquia. Magíster en Ciencia Política de la misma Institución. Ejerció el Decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, unidad académica en la que actualmente se desempeña como docente de tiempo completo.
Jorge Antonio Mejía Escobar, suplente
Licenciado en Filosofía y Letras, Especializado en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Máster en Filosofía y Doctor en Filosofía de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Adscrito al Instituto de Filosofía.
Una candidatura a la representación profesoral ante el Consejo Superior Universitario se basa en una idea CONSTRUIDA colectivamente sobre lo que entendemos por universidad, especialmente cuando esta es pública, cuál es el rumbo que la institución debe tomar para enfrentar los retos del presente y el futuro, cuáles son las decisiones que se deben tomar para ello, cuál es la acogida que se debe dar a las políticas estatales y frente a cuáles se debe reaccionar o resistir por considerarlas, argumentadamente, como nocivas para la institución, especialmente para sus procesos misionales (docencia, investigación y extensión), cómo se debe administrar una universidad, incluyente, diversa, democrática y pluralista, es decir, verdaderamente pública.
También se debe indagar cómo se deben regular las relaciones entre profesores y la institución, cuáles son los derechos, deberes, obligaciones, estímulos y los mecanismos de ingreso, permanencia, ascenso y salida del servicio público profesoral, y finalmente, y no por ello menos importante, cuál debe ser el papel del representante del profesorado en un consejo superior universitario y cómo debe ser la relación que ese representante debe tener con los representados.
El trabajo estará centrado en aspectos como la independencia y el control político frente a la administración central de la Universidad, responsabilidad política del representante, comunicación efectiva con los representados, diálogo permanente con la administración universitaria para conocer y evaluar sus propuestas, acciones y decisiones, defensa de la universidad pública y los derechos de todos los profesores de la Universidad, fortalecimiento de la democratización en el funcionamiento de la Universidad y de la representación profesoral en todos los espacios institucionales.
En este documento presentamos una propuesta de trabajo para desarrollar desde el Consejo Superior Universitario en el período 2011-2013.
1. Proponemos implementar una fluida comunicación entre el profesorado, asociado o no, vinculado o no, y su representante. Ello implicaría mantener informados a los profesores, previamente a las reuniones, sobre el orden del día de cada sesión del CSU e informar de los asuntos efectivamente tratados y las decisiones adoptadas, con la finalidad de facilitar el conocimiento de los temas que allí se estudian y deciden. Esto exige interactuar permanentemente con los representantes de los profesores ante las unidades académicas y ante el Consejo Académico, con las asociaciones de profesores a través de sus directivas, a fin de informar sobre las propuestas, los estudios que se realizan en la comisiones del Consejo Superior y en general el orden del día de cada sesión, para formar criterios sobre lo que se discutirá en el Consejo Superior. Para ello será útil, además, establecer un espacio fijo y un tiempo estable de atención a los profesores para que ellos puedan tener la iniciativa de comentar con el representante sus propias inquietudes sobre los problemas y los temas que se tratan en el Consejo Superior, amén de asuntos propios de cada profesor que sean objeto de decisión en la Corporación.
2. Proponemos ejercer control político sobre la actuación de la administración central de la Universidad y las administraciones de las unidades académicas. El control político propuesto no se ejercería exclusivamente por el representante profesoral sino también por los profesores representados, a partir del flujo permanente de información desde y hacia el profesorado de las actuaciones y decisiones del Consejo Superior y de toda la administración. Ese control político se ejercerá en temas tales como el funcionamiento de la Universidad en aspectos administrativos (decisiones que puedan afectar su vocación de servicio a la sociedad, su cambio de orientación como universidad pública, nombramientos) financieros (decisiones que puedan perjudicar su estabilidad, su presupuesto, la financiación estatal, etc.) físicos (construcciones nuevas y su destinación, contratos de obra para el desarrollo de nuevas edificaciones e instalaciones y las reparaciones locativas, destinación de edificios, compromisos adquiridos, etc.), y otros elementos de gestión.
3. Proponemos la defensa efectiva de los derechos constitucionales, legales y universitarios de los profesores. Ello implicaría, especialmente, que estos sean conocidos por los mismos profesores a fin de poder reclamarlos. Se hará un estudio juicioso de la propuesta de reforma al Estatuto Profesoral, que actualmente se discute en el Consejo Académico y que se llevará, seguramente, muy pronto al Consejo Superior, tratando de ver sus implicaciones, los avances y retrocesos en las condiciones laborales del profesorado, los estímulos, el sistema de carrera, la evaluación profesoral, etc., todos ellos de especialísima importancia para la tarea profesoral.
4. Harán parte de la agenda del representante profesoral temas trascendentales para la Universidad, en cuanto parte fundamental de la educación pública, como la modificación de las normas sobre el plan de trabajo y la evaluación profesoral, las condiciones de trabajo de todos los profesores de la Universidad, el régimen disciplinario aplicable, la situación salarial del profesorado, el régimen de estímulos académicos, la financiación de la institución, la discriminación salarial entre profesores, la ampliación de cobertura con garantía de condiciones de calidad académica, la continuidad de los procesos de acreditación de alta calidad, no solamente institucional sino de programas, tanto a nivel nacional como internacional, el mejoramiento de la calidad en las actividades de regionalización, el fortalecimiento de la planta de cargos de profesores y la proporción entre profesores de planta y profesores ocasionales.
5. Como la condición pública de la Universidad y la calidad del servicio que ofrece en sus actividades misionales son parte fundamental de la preocupación de los universitarios, se mantendrá la atención a temas como la relación universidad-empresa-Estado, la formación de los estudiantes por competencias y los ciclos propedéuticos, la pertinencia en la formación profesional, la capacitación del profesorado tanto en aspectos disciplinares como no pedagógicos y no formales, la evaluación académica y la evaluación profesoral, las prácticas académicas, especialmente la extensión solidaria y su fortalecimiento como expresión del compromiso de la Universidad con la sociedad de la cual deriva sus recursos, el funcionamiento regular de la institución.
6. Se buscaría que los profesores ocasionales y de cátedra reciban un trato respetuoso y digno de parte de los administradores, que sus contratos sean oportunos, sin complicaciones para su gestión y de una duración acorde con sus condiciones como servidores públicos, lo mismo que sus pagos en materia salarial y prestacional, que sean tenidos en cuenta sus servicios en los concursos públicos de méritos para proveer plazas en propiedad, que se incluya la reglamentación de su condición en el Estatuto Profesoral y en la medida de lo posible se tenga para ellos un tratamiento administrativo y normativo de la manera más cercana al que reciben los profesores de planta.
7. Se buscaría que en todas las unidades académicas exista efectivamente el representante profesoral al respectivo consejo de unidad académica. Para tal efecto se promoverían reuniones de los diferentes claustros de profesores para insistir en la importancia de aprovechar ese espacio de la representación y ejercer el papel que se asigna a la misma.
8. Proponemos que la discusión sobre los temas que afectan al profesorado se haga con la mira puesta en los intereses de la universidad pública, pensando en su presente y su futuro. La representación del profesorado será crítica, activa, propositiva, pensando en la inserción del profesorado en la discusión de los asuntos que interesan a la institución, en el mejoramiento de la calidad de la educación superior, en el mantenimiento de la calidad académica de la institución, de su funcionamiento permanente y adecuado y en la construcción colectiva del futuro de la institución, desde el presente, evaluando cuidadosamente que las decisiones que se toman afuera y dentro de la Universidad sean ejecutadas sin sacrificar los derechos y condiciones de los profesores, con su aporte, y teniendo en cuenta su participación en esa construcción colectiva de la institución, que es pública por excelencia, y que debe mantenerse en el cumplimiento equilibrado de sus funciones misionales.
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