Archivo | Los artículos de la propuesta de reforma de la educación superior del Gobierno se puede consultar en el portal www.colombiaaprende.edu.co. En ese mismo sitio hay un foro para opinar sobre el tema, un abecé y la ley vigente (Ley 30 de 1992). Foto en la U. de A.
Reforma para medir los poderes
El gobierno quiere llevar su propuesta de reforma de educación superior al Congreso con consenso, pero en este momento esa posibilidad es improbable.
Alejandro Gómez Valencia | Medellín | El Colombiano. Publicado el 3 de abril de 2011
Qué hará el Gobierno ahora? Tras dos horas de escuchar cuestionamientos y quejas, la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, volvió a asegurar que la propuesta de ley que regulará la educación superior del país se llevará con consenso al Congreso, pero mencionó una posibilidad que quizá no esté del todo descartada.
La señora Campo estaba en la Universidad Eafit el 28 de marzo socializando la propuesta de ley del Gobierno frente al tema y dijo que, aunque el Ejecutivo decidió no hacerlo, habría estado en su derecho de llevarla sin diálogo a votación del Congreso.
Aparte de los actos violentos que se vivieron en varios universidades públicas del país esta semana, en los que murió una persona y hubo pérdidas por 70 millones de pesos en la U. de A., el proyecto del Gobierno ha generado aplausos y un bloque de rechazo.
En que el espíritu de la reforma es bueno porque pretende aumentar la cobertura, coinciden rectores de instituciones públicas y privadas. La angustia es por el cómo.
A varios directivos de instituciones -incluso no estatales- les preocupa que se creen universidades con ánimo de lucro y la importancia que tendrían en la financiación los recursos privados. ¿Se crearán muy buenas U solo para los estratos más altos? ¿Se aumentaría la brecha en calidad? ¿El Gobierno es fuerte para asegurar la calidad en esos centros? ¿Hay peligro de que algunas instituciones públicas sean absorbidas por capitales privados?
"Los recursos del Estado son limitados", repite la Ministra para justificar ese pilar de la propuesta. Los rectores comparten parte de la intención y argumentan que ya existen alianzas con el sector productivo en varias áreas, pero creen que el abrazo del sector productivo podría ser tipo boa constrictor.
Menos divulgado pero con igual peso está el tema de la autonomía universitaria. Mientras la ministra Campo exponía en Eafit, en la UPB el Consejo Nacional de Rectores de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) trataba de ponerse de acuerdo para comunicar su posición frente al asunto.
El comunicado fue aplazado pero trascendió que los directivos están seriamente preocupados por la autonomía. En la nueva ley se establece la entrega de más dineros a la U. pública pero bajo ciertos criterios (investigación, cobertura, formación de docentes) y esa limitación, más el aumento del la vigilancia y control, no cae bien.
En estas primeras semanas de socialización el enfrentamiento de ideas no ha sido muy directo pero Moisés Wasserman, rector de la U. Nacional, ya pidió "cautivar" a la opinión pública con argumentos sobre lo que ven de perjudicial en ese prospecto de ley.
En una charla sobre el tema en Manizales declaró que "una opción es decir que el proyecto no sirve y hacerlo fracasar, pero nos pueden llevar a dos discusiones, que el Gobierno lo retire o que lo someta a su mayoría, y las dos opciones son malas".
¿Y si el Ejecutivo decide presentarlo a pesar de las críticas? Tiene la mayoría en el Congreso pero los antecedentes recientes no le aseguran la victoria. La Ministra anterior, Cecilia María Vélez White, reconocía que no presentaba una propuesta de reforma a la Ley 30 sin el apoyo de los rectores por el poder que tenían para mover parlamentarios. Lo vivió cuando lograron en el Congreso que se aprobara un incremento en los recursos. ¿En este nuevo Congreso los directivos encontrarían escuderos?
» Contexto
Los puntos más sensible de la propuesta
1. El ingreso de recursos privados en el financiamiento de la educación superior del país es uno de los puntos más discutidos de la propuesta de reforma de la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior. El sector privado podría ingresar al sistema creando universidades con ánimo de lucro, aliándose con instituciones que no lo tienen o por convenios para el desarrollo de proyectos.
2. La autonomía universitaria generó más preguntas que cualquier otro tema en el foro regional que realizó el Ministerio de Educación el 28 de marzo en la Universidad Eafit. La mayoría de los que presentaron la inquietud a la Ministra Campo aseguraron que entregarle recursos a las instituciones de educación superior pero decirles en qué deben invertirla vulnera la autonomía.
3. El Gobierno anterior reconocía, como lo hacen todos los miembros del sector académico, que se requería una transformación general de la ley de educación superior, pero por razones de tiempo solo intentó reformar dos artículos (86 y 87) para asegurar un aumento de los recursos a las universidades estatales hasta 2019. La propuesta actual recoge esa intención pero hay sectores que consideran al incremento insuficiente.
4. Un tema de discusión de fondo es si la financiación debe centrarse en la oferta o en la demanda. Las posiciones se dividen entre los que piden que los recursos se entreguen a las universidades, sean públicas o privadas, para que los aspirantes decidan dónde estudiar. Otros defienden que el aumento de los recursos debe ser para las instituciones públicas, para que estas mantengan su espíritu y aumenten la cobertura.
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